La jueza Cecilia López hizo lugar al amparo presentado por los diputados Eloy Echazú y Leonardo Ponce, suspendiendo los efectos de las resoluciones legislativas y decretos provinciales que avalaron las designaciones.
En una resolución que impacta de lleno en la institucionalidad provincial, la jueza Cecilia C. López, titular del Juzgado de Primera Instancia de Familia N° 3, declaró procedente el amparo presentado por los diputados Eloy Echazú y Leonardo Ponce y resolvió suspender los efectos de la sesión extraordinaria de la Legislatura del pasado 25 de septiembre, en la que se designaron a los nuevos vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La medida interina, dictada en el marco de la acción de amparo “Echazú Eloy Dante c/ Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz y otro” (Expte. 8419/2025), congeló las resoluciones de la Legislatura (HCD N° 234 y 235) y los decretos del Ejecutivo provincial (858/2025 y 859/2026). La jueza entendió que existían “circunstancias graves y objetivamente impostergables”, y que la continuidad de los nombramientos podría provocar perjuicios de difícil reparación ulterior.
El fallo subrayó que la suspensión no afecta el normal funcionamiento del STJ, ya que el tribunal se encuentra en actividad, y sostuvo que la medida busca mantener el statu quo hasta que se evalúe de manera definitiva la validez de la sesión.
La magistrada también requirió informes urgentes a la Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo provincial, fijando un plazo de dos días hábiles para responder, bajo apercibimiento legal. Además, notificó al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía de Estado y a las partes involucradas.
La acción de amparo se fundamentó en presuntas irregularidades graves, entre ellas la realización de la sesión pese a órdenes judiciales previas y la omisión de aplicar el reglamento interno de la Legislatura. Según el fallo, de no suspenderse los efectos, los nombramientos podrían adquirir consecuencias “de imposible o difícil reparación”.
De este modo, la resolución judicial abre un nuevo capítulo en la disputa política e institucional de Santa Cruz, en torno a las designaciones de las máximas autoridades judiciales de la provincia.
